30-08-2016
Ante la insistencia de suprimir los fueros sindicales, desde la Asociación de Trabajadores del Estado entendemos que inmunidad para no ser detenidos no significa impunidad para no ser investigados.
El Gobierno de Chubut busca modificar la constitución provincial para suprimir los fueros sindicales, la medida fue sugerida luego de que se hiciera público el caso de un sindicalista acusado de delito grave, que se amparó bajo su figura legal para no ser detenido. Pero desde la Asociación de los Trabajadores del Estado entendemos que los fueros no son un privilegio personal o un escudo para garantizar la impunidad, ya que nada impide que los fiscales y los jueces investiguen todas las denuncias que se realicen. Incluso en caso de que la conducta de los denunciados, amparándose en estos “fueros”, impidiera continuar con la investigación, también existen procedimientos previstos para la remoción de estos fueros.
Las garantías como la inmunidad de arresto para representantes políticos o sindicales, fue establecida desde hace mucho tiempo en nuestras normas, para hacer efectivo el ejercicio de las funciones que desempeñamos. Es importante recordar que la actividad gremial requiere protección tanto frente a la posibilidad de ser detenidos u hostigados penalmente, como ante el riesgo de ser despedidos, suspendidos o de alguna otra forma atacados, de manera que la acción gremial, se torne prácticamente imposible. ¿Quién va a asumir la tarea de representación sindical, si carece de toda protección frente a las posibles represalias que esa acción genere en los empleadores o el Estado?
Ante los sucesos ocurridos, el tema ha sido planteado como algo que está en la Constitución pero debe quitarse. En nuestra Asociación no tememos la discusión de ideas y está claro que nuestra Constitución, como toda obra política, puede mejorarse y debe discutirse. Sin embargo se está discutiendo el tema como consecuencia de uno o dos casos puntuales en los que la protección según se dice, se está ejerciendo irregularmente o al margen del objetivo constitucional.
Desconocemos las circunstancias de los hechos denunciados, pero sabemos que todas las personas, con o sin fueros constitucionales, tienen derecho a ser consideradas inocentes hasta que mediante una sentencia sean declarados culpables. Por otro lado, no podemos tirar abajo un mecanismo de protección de la actividad sindical aun cuando se probara que algún o alguno de los sujetos protegidos fueron autores de delitos graves. Sabemos que todas las garantías o derechos de nuestra constitución así como las atribuciones de los funcionarios pueden ser ejercidos correcta o incorrectamente, pero no podemos ceder a la tentación de desechar mecanismos válidos, consolidados por décadas, porque en algún caso nos disgusta su ejercicio.
La detención de un representante sindical (salvo el caso de realizarse en el momento en que se comete el hecho) está prohibida en nuestra Constitución (art. 248) y toda violación de esa protección merece nuestro repudio. Más aún cuando el tema aparece en los medios masivos de comunicación como un privilegio para los dirigentes sindicales, cuando es en realidad una decisión del pueblo del Chubut, plasmada en la Constitución, que abarca además a ministros del poder ejecutivo, legisladores provinciales y municipales, y magistrados y funcionarios judiciales.
Por lo tanto, tenemos que elegir como sociedad que costo estamos dispuestos a pagar. Es cierto que si dejamos de lado garantías y derechos así como protecciones funcionales –como las inmunidades de arresto y de opinión, la estabilidad de funcionarios y empleados, e incluso la inviolabilidad del domicilio- quizá podamos lograr condenas más rápidas y esclarecer con mayor celeridad algunos hechos graves. Pero nosotros no queremos vivir en una sociedad sin protección, donde los hombres y las mujeres seamos instrumentos para políticas del Estado, los trabajadores estemos a expensas de la voracidad del capital y despojados de todas las conquistas que con tanta sangre se lograron.
En este sentido, entendemos que inmunidad para no ser detenidos no es impunidad para no ser investigados. Reclamamos a las autoridades judiciales que encuentren los caminos más rápidos para esclarecer todos los delitos, sin arrojar al vacío el aprendizaje de los derechos y la democracia, que tantos años nos costó a los argentinos.
